
“Hay que priorizar los servicios colaborativos digitales que añaden valor al mercado”. Así lo aseguró la profesora Sandra Sieber durante el XV Coloquio del Public-Private Sector Research Center (PPSRC) del IESE, organizado junto a la Cátedra Abertis de Regulación, Competencia y Políticas Públicas de la escuela y celebrado recientemente en el campus de Barcelona.
Sieber categorizó los diferentes servicios nacidos a la estela de la explosión de las nuevas tecnologías según su aportación al conjunto del mercado –y, por tanto, a la sociedad–, y puso el foco en los que “añaden valor” – porque aportan funcionalidades o abren nuevas vías y prestaciones, como ebay o Über pool– por encima de aquellos que funcionan por ”puro matching” –como es el caso de servicios como Booking–.
La primera gran cuestión que planteó Sieber es la obsolescencia de las barreras de acceso a proveedores de servicios que, en su versión offline, están regulados. “Ahora han desaparecido, porque la economía digital las elimina”, aseguró. La profesora apuntó que estas barreras existen para proteger “a los proveedores de servicios que están dentro del sistema”.
“Desregular lo viejo”
En este sentido, el director de la Autoridad Catalana de la Competencia, Marcel Coderch, matizó que “la justificación para regular determinados sectores ha desaparecido” y que “hay que desregular lo viejo, no regular lo nuevo”. Asimismo, y haciendo una clara referencia al conflicto generado entre Über y el sector del taxi, Coderch resolvió que deben establecerse compensaciones “para los perdedores de este desarrollo”, que son quienes han realizado inversiones basadas en “regulaciones que hay que cambiar”.
En relación a los cambios en la regulación, el director del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Antonio Maudes afirmó que “el progreso tecnológico ha eliminado fallos de mercado que estaban detrás de algunas regulaciones”.
Maudes sostuvo que la regulación “debe tener siempre en cuenta los beneficios sociales que genera la nueva actividad” y defendió el punto de vista de la City de Londres ante la irrupción de las nuevas tecnologías, es decir, no la considera un tsunami que devasta el modelo implantado sino una ola sobre la que deslizarse.
Por su parte, el profesor Xavier Vives, director académico del PPSRC y titular de la Cátedra Abertis, añadió que regular un sector en constante transformación –como el de la economía digital– “no es tarea fácil”, ya que históricamente no se ha comprobado la “efectividad” de las medidas.
“Tanto en Estados Unidos como en Europa, las autoridades de la competencia intentaron limitar en su día la dominancia de Microsoft”, ejemplificó Vives, cuya potencia sólo ha disminuido “con el cambio tecnológico y la entrada de nuevos actores” y nuevos paradigmas tecnológicos y comerciales.
¿Neutralidad de la red?
Una de las medidas que se plantea para facilitar la evolución de los nuevos servicios es la ruptura de la neutralidad de la red. Según el análisis del profesor de la UAB, Ángel Luís López, existen diferentes escenarios sobre las consecuencias de esta ruptura.
En un modelo complejo, si se optara por aplicar peajes a los proveedores de contenido por un acceso más estable y rápido a la red, “se conseguiría mayor participación en el mercado” y los proveedores de servicios de Internet (PSI) terminarían obteniendo más recursos en función de los servicios ofrecidos. Esto, a su vez, se traduciría en “incentivos a los PSI para bajar precios y atraer a más usuarios”, aunque esta opción podría provocar una “exclusión del mercado” de los proveedores de contenido que no pudieran permitirse pagar por llegar al usuario final en las mejores condiciones. Así, para evitar este efecto negativo, López defendió el papel de una autoridad reguladora con “competencias reales”.
En opinión de López, sería posible solucionar la congestión de la red “sin recurrir a la inversión” y aplicando la máxima "all bits are not equal". Se trataría de discriminar los servicios de internet en función de las necesidades reales de ancho de banda y “crear un internet rápido y uno lento, donde los proveedores de contenido pudieran pagar para acceder al internet rápido”. De nuevo, la autoridad reguladora sería imprescindible “para controlar la calidad de la red lenta”.